La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión a un hombre por construir e instalar un elevador casero, que el juez ha descrito como una "jaula", en una residencia de Barcelona que se desplomó y mató a una de las ancianas que transportaba, además de herir a otras dos.
Así, la Audiencia confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona, que también condenó a la propietaria de la Residencia Lesseps en octubre de 2011 a un año y medio de cárcel al considerar que era la máxima responsable, quien contrató al acusado para la construcción del elevador y "asumió las instrucciones de uso", según la sentencia.
Rafael C. M. y Rosalía D. T., han sido condenados por un delito de homicidio imprudente además de otros dos delitos de lesiones por imprudencia, por lo que además de la pena de prisión, tendrán que asumir conjuntamente una indemnización de 20.000 euros a los familiares de la víctima.
Los peritos describieron el ascensor como un engendro o artilugio, al detallar que era una plataforma sin paredes ni botones interiores --para poder frenar en caso de emergencia-- y conformada por barrotes, de manera que los ancianos "podrían sacar los brazos y las piernas con el grave riesgo para su integridad física".
Según el juez, el hecho de que los mayores padecieran demencia senil y tuvieran una salud delicada, obligaba a extremar su cuidado y control, lo que no hicieron los responsables de la residencia, por lo que "pusieron en grave peligro a los ancianos".
Además de que el elevador era "claramente deficitario en su construcción y, por supuesto, en su funcionamiento y seguridad", el juez considera que también se usó de forma equivocada porque sobrepasaba el peso total permitido aconsejado por el procesado.
SE HABÍA AVERIADO
A parte de las propias deficiencias del artilugio, días antes del suceso había sufrido varias averías en el sistema de frenado, con lo que el encausado lo apañó con una cadena de bicicleta, lo que fue "insuficiente para evitar el grave resultado", esgrime el texto.
La empresa de Rafael C. M. no está inscrita en los registros de seguimiento y normativa y el acusado tampoco dispone de ningún título académico que le habilite para "el diseño, la construcción y la instalación de los elevadores", como él mismo reconoció en los juzgados.
Pese a ello, la defensa presentó un recurso y alegó indefensión tras argumentar que se le había rechazado una prueba que demostraba que su cliente había instalado hasta ocho ascensores de este tipo con anterioridad, lo que la Audiencia ha desestimado porque "no se juzga la vida profesional del acusado".