En concreto, las previsiones del matrimonio para la compra de la vivienda barcelonesa aparecen reflejadas en varios escritos que Iñaki Urdangarin pidió enviar a un funcionario del Cuerpo Superior de Gestión Catastral, y que ahora han sido entregadas a la causa por su exsocio Diego Torres.
Así, el proyecto indica que el precio del inmueble ascendía a un total de 5,7 millones de euros, mientras que contemplaba obras de reforma por valor de 600.000, de modo que el coste global al que preveían hacer frente se elevaba a los 6,3 millones de euros. De este modo, para abonar el precio los Duques contaban, según los documentos, con los ahorros de los que disponían tanto la Infanta Cristina como Urdangarin por un total de 2,3 millones de euros, así como con la venta de un piso por 1,7 millones.
Entre los ahorros, el proyecto recoge la "donación" de 1,2 millones, los ahorros de la Infanta de 276.468 euros, los de su marido de 629.815, los 66.000 euros con los que la hija del Rey contaba en su cuenta corriente, los 57.000 de los que disponía Urdangarin, y los 80.000 que tenían depositados en su cuenta conjunta.
De este modo, con la suma de los ahorros de ambos y la venta del piso les quedaba por pagar un total de 2,3 millones de euros, para lo cual formalizaron una hipoteca a 30 años y un 3,5 por ciento de intereses que arrojaba cuotas mensuales de 14.500 euros y anuales de 174.000. Asimismo, figura en el documento una previsión de gastos de unos 5.000 euros al año y de 1.200 en favor del Catastro.
Junto al proyecto económico, la defensa de Torres ha entregado al juez José Castro un correo fechado en mayo de 2003 en el que Urdangarin consigna frases como "pendiente tenemos las fincas (qué miedo me da...)" y "El Círculo (Zarzuela lo tiene y lo estudia)". "Desde luego esta parte ignora", señala el abogado de Torres, "el verdadero alcance y relación, visto el galimatías de las fincas que eran pero finalmente no de la esposa de Urdangarin, correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006".
Asimismo, el letrado hace alusión a la declaración que prestó el Duque el pasado 23 de febrero, en la que señaló que la póliza de crédito merced a la que fue adquirido el palacete se redujo de cinco millones a 3,6 millones, que llevaba dos cuotas impagadas, que no había recibido requerimiento alguno del banco, y que contaba con cuatro años de carencia.
Al respecto, la defensa de su exsocio considera "evidente" que Urdangarin, "una vez más, hizo uso de su derecho de no declarar contra sí mismo, pues no resulta creíble que una póliza de cinco millones cuente con una carencia de cuatro años, que se la ofrezca la agencia y no un responsable de la entidad, que tenga cuotas impagadas y no reciba requerimiento alguno, y todo por el mero hecho de tener cuenta en la sucursal desde hace 'muchísimos' años o, en suma, porque sí".
EL JUEZ, PENDIENTE DE UN INFORME SOBRE LA REFORMA DEL PALACETE
Precisamente, Castro ha requerido al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares que investigue la forma en que fueron pagados los trabajos que los proveedores de la empresa Aizoon -de la que son copropietarios los Duques de Palma- llevaron a cabo para la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido palacete, propiedad del matrimonio. El juez busca así indagar si en el marco de estas labores se cometió un presunto delito de blanqueo de capitales.
En concreto, el magistrado libró un oficio a la Jefatura Superior para que puedan exclarecerse datos como la identificación de las personas que efectuaron los encargos, la fecha de los mismos y su contenido, así como el lugar en el que se debían prestar, el importe, la persona que los satisfizo, la forma de pago y, en la medida en que sea posible, se aporte toda la documentación que a ellos haga referencia.