El PSOE ha formalizado este lunes en el Congreso la propuesta de crear una subcomisión parlamentaria, dependiente de la Comisión Constitucional, para la lucha contra la corrupción, tal y como había avanzado este mediodía su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha registrado cuatro proposiciones de ley para reformar el Código Penal, el Tribunal de Cuentas, la financiación de partidos y el Poder Judicial.
El PSOE justifica la conveniencia de poner en marcha una subcomisión parlamentaria para que realice un diagnóstico "sereno y plural" sobre esta lacra y estudie en el plazo de seis meses --establece como fecha límite el 31 de diciembre-- las propuestas necesarias para combatir y erradicar la corrupción política y elaborar un informe con iniciativas concretas de reformas legislativas y de actuaciones políticas en este ámbito.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Rubalcaba ya avanzaba su disposición a negociar con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, y lo hacía tan sólo un mes y medio después de que anunciara la ruptura de toda relación con el Gobierno.
Una idea que se plasma en la exposición de motivos de esta iniciativa, donde los socialistas subrayan que un problema como el de la corrupción no puede enfrentarse unilateralmente desde un solo grupo político y apuntan que "lo deseable" sería que la iniciativa en esta materia la adopte el Congreso, donde reside la soberanía popular.
ABIERTO A DISCUTIR "ENTRE TODOS"
De ahí que Rubalcaba haya enviado ya una carta a los diferentes portavoces parlamentarios en la que les explica los objetivos de la creación de dicha subcomisión, dada su preocupación por "el daño enorme" que la corrupción política produce, y les recalca que está abierto a discutir éste u otro procedimiento, para avanzar consensuada y urgentemente en torno a estas reformas. Según subraya, ha llegado la hora de abordar "entre todos" las medidas necesarias para luchar contra esta problemática.
Rubalcaba ha enviado cartas idénticas a los portavoces del PP, Alfonso Alonso; CiU, Josep Antoni Duran i Lleida; PNV, Aitor Esteban; Izquierda Plural, Cayo Lara; y UPyD, Rosa Díez, así como al grupo mixto.
En ella, se dice convencido de que todos comparten "la misma preocupación por el daño enorme que produce la corrupción política" a la democracia y las instituciones y alude a que "tanto los casos individuales como los que afectan a los partidos políticos en su conjunto" están generando desafección ciudadana.
Por eso, propone, en primer lugar, que las iniciativas de las reformas correspondan al conjunto de los grupos políticos y se planteen a través de proposiciones de ley suscritas por éstos pues, según dice, "la gravedad de los problemas y sus soluciones, afectan a normas de funcionamiento democrático básicas y corresponden a ámbitos institucionales diferentes".
Además, quiere que se abra el debate sobre las reformas contra la corrupción a expertos y asociaciones representativas "para compartir las soluciones con la sociedad española que, a través de múltiples artículos y estudios, está proponiendo al debate público alternativas y soluciones a los problemas de la corrupción política en España".
Junto a la propuesta reseñada, el primer partido de la oposición también ha registrado otras cuatro proposiciones de ley para introducir mejoras en el Código Penal, en el Poder Judicial, en el Tribunal de Cuentas y en la Ley de Financiación de Partidos en aras de atajar la corrupción política que afecta a nuestro país.
MÁS COMPETENCIAS PARA LA AUDIENCIA NACIONAL
Así, el PSOE plantea una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción (prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos) cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos.
También propone una reforma de la Ley Orgánica del Código Penal para introducir nuevos tipos delictivos con el fin de enviar un mensaje diáfano a quienes favorecen la corrupción y a quienes se corrompen.
En concreto, plantea incrementar los plazos de prescripción de la infracción para determinados delitos en los que estén implicados cargos públicos, castigar la conducta de quienes contribuyan ayudando a los responsables de un delito a eludir la investigación, y sancionar penalmente a los representantes legales y administradores de hechos o derechos de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que, de manera reiterada, realicen conductas tipificadas como infracciones en la Ley de Financiación de Partidos.
CONTRA LA AMNISTÍA FISCAL
De la misma forma, el PSOE estable un nuevo tipo penal para sancionar a quienes favorecen la corrupción, ofreciendo donaciones que no respeten esta norma, y para castigar el enriquecimiento injustificado de autoridades y funcionarios públicos sin que se acredite su procedencia, al tiempo que sugiere revocar la reforma del Código Penal aprobada en 2012 para favorecer el tratamiento penal de quienes, habiendo defraudado a la Hacienda Pública, hubieran regularizado si situación mediante la amnistía fiscal u otro procedimiento.
Los socialistas también consideran "imprescindible" revisar la vigente Ley Orgánica de Financiación de Partidos para impedir las donaciones procedentes de sociedades y demás personas jurídicas pretendan en última instancia la obtención de un ilegítimo beneficio económico para las actividades empresariales o un tratamiento privilegiado de los intereses particulares de cualquier tipo de entidad.
El PSOE hace esta propuesta porque, según señala, "ha podido comprobarse que las procedentes de sociedades y demás personas jurídicas han incumplido sistemática, en el seno de alguna formación política, tanto los límites sobre el importe máximo de sus cuantías como los relativos a la prohibición de que las mismas no provengan de empresas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas".
MÁS AGILIDAD Y COLABORACIÓN EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS
En esta proposición de ley, el primer partido de la oposición también aboga por reducir a la mitad tanto el plazo de remisión al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas de los partidos, como el plazo para la emisión por parte del órgano fiscalizador del correspondiente informe con el fin de que éste sea presentado ante las Cortes en el último trimestre del año siguiente al que se refieran las cuentas.
Singularmente sobre el Tribunal de Cuentas, el PSOE ha registrado otra proposición de ley con el fin de obligar a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social colaboren con esta institución para dilucidar así si es o no correcta y completa la información que le facilitan las entidades sujetas a control.
En este sentido, los socialistas sugieren también una modificación de la Ley General Tributaria y de la Ley General de la Seguridad Social con el fin de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social puedan ser cedidos al Tribunal de Cuentas cuando sean requeridos.