Cuando se conoció la detención de Castellano, investigado por supuestos favores a una empresa cuando estaba en la Generalitat valenciana, el PSOE ya apuntó a la vicepresidenta del Gobierno. En primer lugar, porque ella es la responsable de los nombramientos de los delegados del Gobierno, pero también porque sólo unos días antes el Ministerio de la Presidencia había negado las irregularidades en las contrataciones que investiga Anticorrupción y que acabaron con el arresto del Castellano.
Según recordó el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, el PSOE había preguntado hasta dos veces por escrito al Ejecutivo, en octubre de 2014 y en marzo de 2015, sobre esas contrataciones de Serafín Castellano con la empresa Avialsa, a la que se achacan los regalos a Serafín Castellano, y Moncloa replicó dando por buenos los desmentidos del delegado.
En su última respuesta, que llegó al Congreso hace la pasada semana y que recoge Europa Press, el Gobierno señaló que Serafín Castellano "ya ha afirmado que es rotundamente falso que haya recibido cantidad alguna" de Avialsa e incluso añadía que "todas las adjudicaciones se han realizado mediante concursos públicos, a través de un procedimiento legal, con la publicidad correspondiente y con todos los informes debidos".
Ahora Hernando quiere que la vicepresidenta aclare en el Pleno del Congreso si mantiene la información que ha transmitido sobre Serafín Castellano, que a su juicio supone un "aval" al exconsejero y exdelegado detenido. "El escándalo le ha saltado en toda la cara a la vicepresidenta", sostiene el portavoz del PSOE.
El debate tendrá lugar en la sesión de control del próximo miércoles, tras un mes en el que la vicepresidenta ha estado fuera del alcance de las preguntas de la oposición por la campaña electoral y sus dos ausencias consecutivas por compromisos de agenda.