Según reflejan las enmiendas, recogidas por Europa Press, el PSOE califica la reforma como un "nuevo ataque" a los derechos fundamentales y especialmente a los más desfavorecidos y acusa al Gobierno de "desmantelar" este servicio e impedir su acceso a los inmigrantes en situación irregular.
La Izquierda Plural coincide en que la iniciativa de Gallardón es "un ataque más al servicio público" y critica que no garantice suficientemente su sistema de financiación. "Este proyecto es inviable, nace muerto por la carencia de dotación presupuestaria para el servicio de asistencia jurídica gratuita en todo el país", dice este grupo.
DESMANTELA EL SERVICIO
UPyD pide la devolución al Ministerio de Justicia del proyecto, que fue aprobado el pasado febrero en el Consejo de Ministros, y asegura que el próposito del Gobierno es "desmantelar o privatizar la Justicia". "Dista mucho de dar una solución satisfactoria a las víctimas", agrega.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV acusa al Gobierno de "quebrar" el criterio de cercanía de la justicia, "vulnerar" las competencias de las comunidades autónomas y generar inseguridad jurídica.
La enmienda de devolución de ERC indica que la reforma parte del "convencimiento erróneo" de que los ciudadanos acuden a la Justicia de forma "abusiva y patológica". Tacha el proyecto de "injusto" y asegura que no tiene en cuenta la realidad autonómica.
Finalmente, CiU incide también en esta cuestión y pone de manifiesto que el nuevo texto suprime el carácter subsidiario de la normativa estatal frente a la autonómica.