El PSOE, CiU y PNV han presentado sendas enmienda de totalidad en el Congreso de los Diputados a la llamada 'contrarreforma Gallardón', la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificó el modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apenas veinte meses después de su aprobación.
En sus enmiendas, recogidas por Europa Press, los grupos critican las "disfunciones" que provoca el establecimiento de dos clases "diferenciadas" de vocales con distintos estatus y responsabilidades en el órgano de gobierno de los jueces y sin que esta "discriminación" esté contemplada en la Constitución Española. A su juicio, provoca "graves disfunciones" en el buen funcionamiento de esta institución.
El PSOE califica el proyecto legislativo como un "simple conglomerado de medidas aisladas" plagado de "propaganda, concesiones corporativas y ocurrencias puntuales". Además, denuncia que el reparto de asuntos entre juzgados de distintos partidos judiciales a merced del Gobierno o las salas de Gobierno "puede devolvernos a la época de los juzgados especiales" y vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley.
Los socialistas también advierte de que el Gobierno busca eliminar la obligatoriedad de que la Comisión de Igualdad del CGPJ esté presidida por una mujer. "Esta es la política de igualdad que defiende el partido Popular", añaden.
CONSEJOS AUTONÓMICOS Y LENGUAS COOFICIALES
Por su parte, CiU y PNV califican de "incomprensible" que se desaparoveche la oportunidad de desarrollar los Consejos de Justicia de las comunidades autónomas y de establecer que el conocimiento de las lenguas cooficiales y el derecho propio sea un requisito en aquellas autonomías y no solo un mérito preferente para el acceso a plazas judiciales.
CiU propone que las comunidades con las competencias transferidas, como Cataluña, puedan asumir la gestión del cuerpo de secretarios judiciales, actualmente dependientes del Ministerio de justicia.
Por su parte, el PNV ha insistido en la necesidad de suprimir la Jurisdicción Militar particularmente en el ámbito de la última instancia procesal que debe acometerse a través de la supresión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
"En el ámbito de la aplicación del Derecho Comunitario se omiten las previsiones del Convenio Europeo de los Derechos Humanos consagradas a través de las Decisiones Marco, particularmente a las del año 2008, en relación a la reciprocidad del cumplimiento de las penas", concluye la formación vasca.