Alaya se despidió del juzgado el pasado 31 de julio con un auto en el que sumaba 23 nuevos imputados por la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, entre los que figuraban dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, una familia cuya supuesta relación con la trama había sido ya señalada en el auto de ingreso en prisión del exsindicalista jiennense Juan Lanzas, figura clave en los hechos investigados y uno de los tres imputados en el caso que sigue en la cárcel junto a los exdirectivos de la aseguradora Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, por ahora la magistrada sólo ha puesto fecha para prestar declaración como imputados al actual viceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano Peña, y al también exdirector general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, para los días 17 y 19 de septiembre, respectivamente, así como al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas para el 30 de septiembre y al exparlamentario socialista Ramón Díaz, que lo hará el día 9 de octubre.
Previamente, el 10 de septiembre, también está citado a declarar el que fuera jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois Ruiz.
PROHIBICIÓN A LA DEFENSA SIMULTÁNEA DE ALTOS CARGOS
La magistrada también apuró las horas previas a sus vacaciones para dictar un nuevo auto en el que prohibía a varios letrados que defiendan simultáneamente a dos altos cargos de la Junta de Andalucía imputados en la causa con el objetivo de "impedir la indefensión que produciría la disparidad en las situaciones procesales de las partes produciría".
Entre otros letrados, esta prohibición afecta de lleno al abogado del viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano y de Buenaventura Aguilera, que fue técnico de la Dirección General de Presupuestos cuando era director general Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, que presentó recurso --pendiente de resolver-- contra la medida dictada por Alaya por considerar que "priva a los imputados el derecho a la libre elección de su abogado".
Con anterioridad, Mohedano había llegado a calificar como una "corruptela procesal" la actuación de Alaya por considerar que había realizado una "selectiva imputación" para dejar fuera de las imputaciones a todos los altos cargos y ex altos cargos de las consejerías implicadas que están aforados y que podrían provocar que la causa sea enviada a instancias judiciales superiores.
Sobre el debate abierto a finales de julio sobre la conveniencia de que Alaya se inhibiese a favor del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ante la hipotética imputación de aforados se pronunció el 9 de agosto la Audiencia Provincial de Sevilla en una providencia en la que confirmaba la reducción a 450.000 euros de la fianza requerida para la libertad de José González Mata, dueño de la consultora 'Uniter', que dejó la prisión diez días después.
Entonces la Audiencia Provincial aclaró que la juez instructora, Mercedes Alaya, "debe apurar y depurar la instrucción" para "completar la investigación" con "el grado de participación que hubiera podido tener la persona aforada", toda vez que corresponde al Tribunal Supremo el tratamiento de las personas protegidas por la condición de aforado.
En este sentido, llegó a señalar que "en tanto se depura la competencia del Tribunal Supremo, nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar".
LA PARTIDA 31L Y LAS PREJUBILACIONES ILEGALES
La investigación de Alaya se centra en la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos ERE carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos. Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en decenas de ERE, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Otro aspecto de la investigación versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.
Para la juez, "la clave" del aprovechamiento ilícito "son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente", ya que la magistrada considera que las sobrecomisiones son "el verdadero alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables".
En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas o los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; o el exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, que ya declaró ante Alaya a finales de julio.