El juicio previsto hoy en la Audiencia de Toledo no se llegó a celebrar en su totalidad tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal y la defensa, que consideró que las penas rebajadas son más acordes con la realidad de los hechos y que ahora se quedan entre diez años y medio de cárcel y once años de prisión, cuando antes las penas llegaban hasta los veintidós años.
Se da la circunstancia de que los tres acusados, José Manuel C.P., Miguel Ángel S.D. y Angel C.G.R., estuvieron acusados del asesinato del empresario José Miguel L.C., ocurrido en Ibiza en 2004 y que según dijo hoy a los periodistas el abogado de la defensa, este caso quedó sobreseido en septiembre de 2005.
Así, y según el escrito de conclusiones definitivas del fiscal, se solicita para cada uno de ellos nueve años de prisión por el delito de tráfico de drogas, más otro año de cárcel por tenencia ilícita de armas, así como una multa superior al 1,7 millones de euros.
El ministerio público solicita también para Ángel otro año de cárcel por el robo de un vehículo, mientras que para José Manuel y Miguel Ángel pide seis meses de prisión para cada uno por falsificar sendos DNI y una multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros.
Durante el interrogatorio de las acusados, que apenas duró unos minutos, los tres reconocieron tener oculto en un chalet situado en la calle Manzano de la urbanización Dehesa de Moratalaz de Illescas (Toledo) casi quince kilos de éxtasis (MDMA), así como tres pistolas.
Lo cierto es que del breve interrogatorio de hoy no se desprendía la magnitud de las acusaciones iniciales del ministerio público, que en su relación de hechos incluía que en la vivienda de Illescas la Guardia Civil encontró un verdadero arsenal de armas en la vivienda de Illescas, cuando hoy solo se habló de tres pistolas.
El abogado de la defensa, Carlos Sánchez Peribañez, se mostró satisfecho con la rebaja solicitada por el fiscal porque se ha querido hacer ver que eran un peligro social cuando esto no responde a la realidad y las penas solicitadas inicialmente eran equiparables a las de un asesinato.
Ahora, el letrado, así como las esposas y familiares de los acusados, esperan que los enjuiciados, que llevan cuatro años en prisión preventiva, sean trasladados a cárceles de Madrid, puesto que ahora han de desplazarse hasta Córdoba, Villena (Alicante) y Salamanca.
Antes de que el caso quedara visto para sentencia, las esposas de los encausados se quejaron ante la prensa de las irregularidades del proceso y de que las fuerzas del orden querían a toda costa cargarles con la culpa del asesinato y presentarles como unos delincuentes peligrosísimos.
El acuerdo fue celebrado entre llantos de alegría y abrazos entre acusados y familiares, que felicitaron al letrado de la defensa por haber logrado que la fiscalía rebajara a la mitad la pena solicitada.