Aunque acaba de ser notificado a las partes en las últimas horas, el auto, al que ha tenido acceso a Europa Press, tiene fecha del 12 de septiembre y se sostiene en los mismos argumentos de las anteriores prórrogas. Alude así al "elevado número de implicados" en la causa, al "volumen" de la investigación y a la "ingente" documentación incautada en los registros practicados, entre otras cuestiones.
No obstante, se ampara "por encima de todo", en el "interés supremo de la Justicia", que se deriva del "elevado riesgo existente" de que el conocimiento de parte de las actuaciones, sobre todo de las que "están pendientes de practicar", pueda frustrar "el buen éxito de la instrucción", debiendo de adoptarse "las medidas precisas" para que esto no ocurra.
Con esta nueva prórroga, la 'Operación Pokémon' cumplirá el próximo 20 de septiembre un año bajo secreto de sumario, una decisión de la jueza de la que los letrados que han asumido la defensa de los políticos, empresarios y funcionarios imputados se han quejado reiteradamente por la "indefensión" que, a su entender, supone para sus clientes.
La operación judicial se activó para investigar una supuesta trama en Galicia para la consecución de contratos públicos mediante sobornos en distintas administraciones y ha salpicado a destacados políticos del ámbito local en la comunidad, aunque también ha alcanzado a otras comunidades como Cataluña y Asturias.
VOLUMEN DE LA OPERACIÓN
El primer paso se dio el 20 de septiembre de 2012 y marcó la precampaña de las elecciones autonómicas que se celebraron el 21 de octubre y en las que el popular Alberto Núñez Feijóo resultó reelegido presidente de la Xunta por segunda vez, con la detención de dos alcaldes.
Con una decena de piezas separadas, los imputados, un año después, rondan los 80 y la operación, con una segunda fase bautizada como 'Manga' ha afectado, entre otras localidades de tamaño más reducido, a las ciudades gallegas de Orense, Lugo y Santiago.
En ese 20 de septiembre en el que estallaba la 'Operación Pokémon' se detuvo a una docena de personas, entre ellas entonces alcalde de Orense, Francisco Rodríguez. También visitó la comisaría el regidor de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio. Ambos acabaron renunciando a su cargo como lo hizo el concejal del BNG orensano Fernando Varela, también detenido en el marco de la investigación.
LUGO Y SANTIAGO
Al margen de Orense, otro de los ayuntamientos más afectados ha sido Lugo, con la imputación del alcalde, el socialista José Clemente López Orozco, por supuesto tráfico de influencias y cohecho. Orozco se mantiene en el cargo y la diferencia con Rodríguez es que no fue detenido ni se le impuso fianza y tampoco se le imputó delito de blanqueo de capitales. Con Lugo está vinculado también el exconcejal y expresidente de la Confederación Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.
Asimismo, aunque en el transcurso de la investigación se ha imputado a otros dirigentes políticos como al alcalde de O Carballiño (Orense), Argimiro Marnotes, otro gran municipio gallego afectado es el de Santiago, con su alcalde, el popular Ángel Currás, y varios ediles del PP. El exregidor popular Gerardo Conde Roa también fue imputado, así como, en julio, el edil socialista Bernardino Rama.