Sáenz de Santamaría ha presidido este martes en el Palacio de la Moncloa la reunión del Grupo de Trabajo para la Regeneración Democrática creado por el Gobierno en marzo y del que forman parte varios ministerios para perfilar las reformas legislativas que en esta materia anunció Mariano Rajoy el pasado mes de febrero en el Debate sobre el Estado de la Nación.
El propio Rajoy avanzó en su comparecencia del pasado 1 de agosto en el Senado para dar cuenta del llamado 'caso Bárcenas' que este mes de septiembre tendría preparado ese amplio paquete normativo que afecta a seis leyes. La vicepresidenta se ha encargado hoy de ultimar el calendario de esas reformas legales, una vez que el Gobierno ha finalizado la redacción de los primeros borradores, según ha informado Moncloa en una nota de prensa.
PAQUETE NORMATIVO QUE AFECTA A SEIS LEYES
Entre estas medidas figura una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que contendrá el procedimiento obligado de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos.
Así, regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante el Parlamento, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la obligación de depositar las cuentas de los partidos en registro público, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.
Un segundo texto legal reformará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para una más amplia fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos políticos como de las fundaciones vinculadas con los mismos.
En tercer lugar, el Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la que se "fortalecerá el régimen de prohibiciones de contrataciones con el sector público a todas las personas -tanto físicas como jurídicas- condenadas por delitos relacionados con la corrupción".
Otro texto regulará por ley las Funciones Políticas para establecer las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regular la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.
Asimismo, el Gobierno ultima la reforma del Código Penal para "el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal y mejorando el control de la falsedad deliberada de sus cuentas por parte de los partidos políticos o el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos", en palabras de Mariano Rajoy.
Por último, el Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque, según dijo el presidente, "lo verdaderamente eficaz en la lucha contra la corrupción es la agilización de los procedimientos judiciales en los que se enjuicia este tipo de delitos, unido a una especialización por parte de quien deba enjuiciarlos".
NO A LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN
El Ejecutivo del PP quiere conseguir el máximo consenso en todas estas reformas legales, según fuentes de Moncloa. Así lo ha manifestado públicamente este martes el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, que ha dicho que su formación quiere negociar con la oposición esas medidas anticorrupción.
Eso sí, ya ha avanzado que el PP no es partidario de empezar a estudiar esas reformas "desde cero" en una subcomisión parlamentaria como ha planteado el PSOE. En este sentido, ha insistido en que el Gobierno ya tiene "mucho trabajo hecho" en esta materia y, por lo tanto, no ve conveniente que el Gobierno cree ahora una subcomisión para estudiar las reformas contra la corrupción.