La declaración de Rodríguez Fermoso en el Juzgado de Instrucción número 1 se enmarca en las diligencias abiertas contra el regidor y su equipo de gobierno de Independientes por Arroyo (IPAE) a raíz de la querella interpuesta por la asociación Arroyo Siglo XXI, cuyo portavoz y letrado José María de la Red entiende que Méndez se mantiene en el puesto de forma ilegal desde el día de la condena, el 23 de noviembre de 2013, once meses después.
En su declaración, el secretario ha sido interrogado por el informe emitido por éste en el que avala la legalidad de la actual situación del alcalde, ya que, en su opinión, no se puede aplicar con carácter retroactivo la reforma de 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) que contempla como causa de inelegibilidad e incompatibilidad condenas, aunque no sean firmes, que lleven aparejada la inhabilitación por delito contra la administración pública.
NINGÚN EDIL HA PEDIDO COPIA DEL INFORME
Y es que Rodríguez Fermoso toma como referencia el inicio del proceso judicial contra Méndez por el 'Caso Arroyo' y no la condena recaída en el alcalde en 2013, al tiempo que ha reconocido que ningún concejal ha tenido acceso a una copia de su polémico informe porque nadie se lo ha pedido por escrito y que si lo hubieran demandado desconoce cuál habría sido la respuesta del alcalde, que es el único que cuenta con el documento.
Sin embargo, la tesis del secretario de que la Loreg no es apliclable al alcalde de Arroyo ha sido considerada errónea por la parte querellante, cuyo representante, José María de la Red, en declaraciones a Europa Press, insiste en que no sólo dicha ley demuestra que el regidor de IPAE está cometiendo delito sino también el artículo 9 y 10 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (ROF).
"Este señor tenía que haberse ido el mismo día de su condena, y los demas--en referencia al resto de concejales de su equipo--están impidiendo con su voto que deje el sillón de la Alcaldía", ha advertido el querellante, quien ha recordado que por delito de usurpación de funciones Méndez podría ser condenado a una pena de entre uno y tres años de cárcel y su ediles, por prevaricación omisiva, a entre siete y diez años de inhabilitación.
La testifical del secretario había sido solicitad por los letrados de los querellados, Javier Gómez de Liaño y Luis Lavín, el primero de ellos en representación del regidor, José Manuel Méndez, y de otros diez ediles de IPAE y el segundo en defensa de los intereses del exconcejal de dicha formación y hoy no adscrito, Luis Miguel Jara.
La prueba estimada por el instructor, José María Crespo, junto con la comparecencia de los querellados, que, a excepción de Jara, se acogieron a su derecho de no declarar, se suma así a la petición de documentación que éste realizó hace unos días a la Junta Electoral Central para contar con todos los elementos necesarios antes de decidir si sobresee la causa o bien dicta auto de imputación por usurpación de funciones públicas o prevaricación por omisión, como así reclaman las acusaciones particular y pública, respectivamente.