Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la pregunta presentada por el senador de IU ha sido rechazada al abordar ésta asuntos que tienen que ver con información clasificada, según la normativa reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tal y como argumentaba Iglesias en su escrito, "a partir de las revelaciones de Edward Snowden se ha creado en las sociedades democráticas una justificada desconfianza sobre la vulneración por los poderes públicos del derecho al secreto en las comunicaciones y la utilización por aquellos del sistema informático Prisma para filtrar llamadas telefónicas y correos electrónicos".
Concretamente, el parlamentario de IU solicitaba conocer si el Tribunal Supremo (TS) ha autorizado al CNI el uso del citado programa informático en la intervención de comunicaciones, así como el número de autorizaciones que habría concedido. "¿Algún otro órgano dependiente del Gobierno de España dispone y utiliza el sistema informático Prisma?", añade el senador.
CONTROL JUDICIAL PREVIO
Siendo consciente Iglesias de que la ley reguladora del CNI establece que las actividades que lleve a cabo el Centro constituyen información clasificada, éste había optado por preguntar sobre la labor del magistrado del TS competente para ejercer el control judicial previo en estos casos.
En este sentido, Iglesias recordaba en su escrito que la Ley orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del CNI, "establece que el Secretario de Estado Director del CNI deberá solicitar del Magistrado del Tribunal Supremo competente la autorización para la adopción de medidas que afecten al secreto de las comunicaciones".
No obstante, la Mesa ha entendido que las cuestiones relacionadas con el proceso según el cual el Supremo autoriza al CNI a llevar a cabo este tipo de medidas también constituyen información clasificada, al tener que ver con la actividad que lleva a cabo la institución.