La petición del Supremo pasará ahora a la Comisión de Suplicatorios del Senado, que enviará su dictamen al Pleno para que autorice al Alto Tribunal a continuar el procedimiento contra Diego. En virtud de su aforamiento como senadora, la exalcaldesa sólo puede ser juzgada por el Supremo.
Diego está acusada de haber colocado 'a dedo' en el año 2008 a dos monitoras de tiempo libre que fueron contratadas por el Consistorio de Villamayor sin haber superado la correspondiente convocatoria pública de empleo. El delito de prevaricación administrativa está penado con la inhabilitación para empleo o cargo público de siete a 10 años.
Desde diciembre de 2012, Elena Diego forma parte del equipo de la Secretaría federal de Organización del PSOE que dirige Óscar López, como delegada para "dinamizar las organizaciones sectoriales" del partido.
El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.
La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.
Tras declarar ante el Supremo en febrero, Diego dijo estar tranquila por poder explicarse después de tres años en los que dijo heber sufrido una "persecución clara". De hecho, remarcó que la acusación popular la ejerce el presidente de la Plataforma Defensa de Villamayor, Luis Holgado, que ahora es teniente de alcalde del municipio en alianza con el PP.
A finales de junio, el juzgado de instrucción número 1 de Salamanca ha aceptado un recurso de la senadora contra Holgado por "presunta revelación de secretos en una causa judicial".