El asunto ha sido remitido a la Comisión de Suplicatorios, que aprobará una propuesta y la enviará al Pleno para su aprobación definitiva. En la fase de comisión, el senador podrá comparecer para dar explicaciones, aunque no está obligado a hacerlo.
Todos estos trámites se producen mientras en el Senado no hay actividad parlamentaria ordinaria, ya que se está a la espera de que se constituya el Gobierno. Si la comisión se reúne rápido y resuelve, se tendrá que convocar el Pleno y será casi con seguridad el primero de la legislatura.
COLABORACIÓN CON ETA
El instructor en el Tribunal Supremo de la causa abierta contra Iñaki Goioaga solicitó permiso para investigarle por presunta integración o colaboración con organización terrorista, según informaron fuentes jurídicas.
El senador declaró por voluntad propia ante el Supremo el pasado 2 de diciembre, donde aportó documentación para acreditar, según sus declaraciones a las puertas del tribunal, la "falsedad" de las imputaciones en su contra.
El procedimiento contra Goioaga, que es senador autonómico elegido por el Parlamento Vasco, se abrió el pasado 20 de septiembre en el Supremo a petición de la Audiencia Nacional. En la exposición razonada que remitió el juez instructor, Eloy Velasco, éste destacaba que el miembro de Bildu estaba integrado, "con especial relevancia", en una estructura del frente de cárceles formada por abogados que, "aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejercen sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista".
En la causa que instruye Velasco hay otros 44 imputados, entre ellos los abogados Arantza Zulueta, Kepa Mancisidor, Ainhoa Baglietto y Alfonso Zenon, quienes se encargaban de la defensa legal de los presos "anteponiendo los intereses de ETA" a los de carácter personal, participaban en su adoctrinamiento político, facilitaban información sobre su situación a la dirección de la banda y les trasladaban sus directrices, según la investigación.
La instrucción realizada hasta ahora, según ya dijo el Supremo, aportan indicios relevantes de la posible existencia de una serie de organizaciones sectoriales, como el Colectivo de Abogados BL, pergeñadas por el conocido como Frente de Cárceles KT, y cuya finalidad sería realizar funciones de control y cohesión de los presos pertenecientes a dicha organización criminal, como a aquellas otras de la llamada izquierda abertzale, integradas en el Colectivo de Presos Políticos Vascos.
De los documentos que obran en la causa se puede inferir, según el auto dictado en septiembre por el Tribunal Supremo, que "la labor jurídica del colectivo al que pertenece Goioaga está supeditada a la labor política descrita".
También subrayaba que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del EPPK tendrían su origen en Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda.