Así lo ha manifestado el colectivo de los antiguos secretarios judiciales en un comunicado, en el que ha destacado que, aunque el presupuesto destinado este año al Ministerio de Justicia aumente más de un siete por ciento, alcanzando los más de 1.700 millones de euros, no se constatan unos "objetivos definidos" en esta materia.
Para SISEJ, en el proyecto de los presupuestos presentados el pasado martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vuelve a ver, por "sexto año consecutivo", una "preocupante ausencia de política en justicia". El sindicato destaca que de los 1.358 millones de euros que se destinarán al pago de los salarios del personal, no se invertirá ningún euro a la "modernización organizativa" de la administración de justicia.
"Supone un nuevo impulso al abismo de la ineficacia, la ineficiencia y la perpetuación de respuestas ancladas a una estructura obsoleta como son los juzgados y tribunales, incapaces de dar respuesta a nuestra sociedad", afirma SISEJ, que recalca que no encuentran "rastro de inversión" en estos presupuestos para la implantación de la Oficina Judicial, la creación de jueces de garantía o la Oficina fiscal ante el anuncio de una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotar al Ministerio Público capacidades realizar la instrucción penal.
RESPUESTAS UNIFORMES Y RÁPIDAS
En este sentido, el sindicato explica que para ofrecer a los ciudadanos respuestas "uniformes, rápidas y guiadas" de los procedimientos es necesario que hayan "políticas públicas y una transformación estructural".
Por otro lado, sobre los 150 millones de euros que se destinarán a la transformación digital de la Justicia, SISEJ enfatiza que la dotación de modernos equipos informáticos o nuevos programas de gestión procesal "no supone por sí sola una solución a los graves déficits". Es más, el sindicato de Letrados exige la "optimización económica de los millones de euros ya invertidos en la digitalización e implantación del expediente electrónico".
Por último, el sindicato sí que ha celebrado la previsible creación de 5.000 plazas nuevas en la Administración de Justicia, pues supone la consolidación del empleo público, lo cuál, según recuerda, es "una reivindicación histórica" de este colectivo.