Aseguran que "la utilización de centros públicos de enseñanza para la realización de un acto que ha sido suspendido por el TC supone la vulneración", hecho que podría representar desobediencia y prevaricación, según el texto, recogido por Europa Press.
Piden al juzgado que "investigue los delitos que pudieran haberse cometido como consecuencia de las actuaciones" y que adopte las medidas necesarias para poner fin a la preparación del proceso participativo del 9N suspendido por el TC.