El fiscal argumenta que las penas impuestas a Carlos Fabra ascienden a cuatro años de cárcel, por lo que, con independencia de la posible concesión o no del indulto y pese a su tramitación, no es previsible que su resolución se demore tanto que, en el supuesto de su concesión total o parcial, lo hicieran "ilusorio", por lo que considera que no procede suspender la ejecución acordada.
Además, el ministerio fiscal alega que la gravedad de los hechos enjuiciados y la trascendencia y la alarma social que provoca la suspensión de la ejecución de la pena son "indiscutibles" en este caso, y solicita que sea estimado el recurso y se acuerde el inmediato ingreso en prisión de Fabra.