El tribunal considera que los preceptos anulados excedían las competencias "ejecutivas" autonómicas y, por lo tanto, vulneraban la competencia estatal en ordenación de los registros, ha informado este jueves el TC en un comunicado tras el pronunciamiento del Pleno.
La controversia es estrictamente una cuestión de competencias: el Pleno recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva sobre ordenación de los registros, mientras que las comunidades autónomas deben limitarse a "la ejecución de las normas estatales".
Cataluña, como comunidad autónoma, tiene competencias ejecutivas que implican "la adopción de las medidas de ejecución precisas para garantizar la plasmación o efectiva aplicación en su ámbito territorial de las normas estatales sobre demarcación registral".
Por lo tanto, queda fuera de sus competencias "la posibilidad de dictar una normativa propia o establecer un régimen jurídico diferenciado en la materia", insiste el tribunal en su resolución.