El Tribunal Constitucional se ha reunido de urgencia por orden de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, después de que la abogada general del Estado, Marta Silva, registrara a la una y cuarto de la tarde ambos recursos.
El artículo 161.2 de la Constitución establece que la impugnación del Gobierno producirá, en caso de que sea admitida por el alto tribunal, la suspensión de la disposición o resolución autonómica recurrida.
El TC, que puede ratificar o levantar esa suspensión en un plazo de cinco meses, dará traslado de los recursos al Congreso y al Senado y a la comunidad autónoma afectada para que se persone y formule alegaciones en quince días.
El Gobierno ha pedido la suspensión de la ley catalana y del decreto de convocatoria, pero también "las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como de cualquier actuación vinculada a la referida consulta".