Sardón había sido condenado a 9 años de prisión por apropiación indebida y falsedad por la Audiencia Nacional en marzo de 2008 y posteriormente fue absuelto por el alto tribunal junto al asesor fiscal de la compañía, Julio Rodríguez Gil, que había sido condenado a 10 años y medio de cárcel. El Supremo confirmó sin embargo la pena de 11 años de cárcel para el propietario de la compañía Antonio Camacho, por los delitos que derivaron en el agujero' patrimonial de 87,99 millones de euros provocado en la agencia de valores.
En su recurso, según informa el TEDH, Sardón exige una compensación al considerar que la sentencia del Supremo no fue equitativa en lo relativo a su responsabilidad, ya que se le tuvo por beneficiario del producto obtenido por la agencia de valores cuando jamás había sido inculpado de ello anteriormente.
Considera además el recurrente que el Supremo interpretó mal en su caso la legislación nacional en materia de responsabilidad civil y que ni este tribunal ni, posteriormente, el Constitucional bastante motivaron sus decisiones.
La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Ambos dimitieron.