Transparencia Internacional (TI) España ha enviado este viernes a los principales partidos políticos un conjunto de propuestas para prevenir la corrupción en contratos públicos, licitaciones y subvenciones, ámbitos en los que la organización quiere promover la transparencia.
La organización ha presentado en rueda de prensa un conjunto de 60 propuestas de medidas de transparencia para luchar contra la corrupción con el objetivo de que las fuerzas políticas principales las incluyan en el programa electoral para los comicios generales del 20 de diciembre.
De hecho, según ha asegurado su presidente, Jesús Lizcano, la organización examinará los distintos programas electorales previamente a la celebración de las elecciones para "chequear si de verdad" incluyen las propuestas o parte de ellas: "Evaluaremos la medida en que sus programas electorales muestran esa voluntad de verdad de cambiar las cosas", ha afirmado.
Lizcano ha dicho esperar la puesta en marcha de varias de las medidas una vez quede conformado el nuevo Gobierno a sabiendas de que para Transparencia Internacional algunas acciones, como la aprobación de la ley de Transparencia y Buen Gobierno en el año 2013 por el actual Ejecutivo, resultan "claramente insuficientes" para atajar la corrupción en estos ámbitos.
"Mejor que nada es", ha manifestado Lizcano sobre la norma, aunque insistiendo en la necesidad de que hay que desarrollarla y corregirla en muchos aspectos.
CONJUNTO DE PROPUESTAS
La medidas de Transparencia Internacional, todas ellas sugeridas por una Comisión integrada por 24 miembros pertenecientes a diversas instituciones y ámbitos, se dividen en dos bloques: uno de ellos cuenta con 45 propuestas para prevenir la corrupción en licitaciones y contratos públicos, y el otro eje integra 15 medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de las subvenciones.
En el bloque relativo a la contratación pública y licitaciones, las sugerencias de la organización está agrupadas en cuatro bloques. Hay un primer bloque de medidas para incrementar la transparencia; otro para fortalecer los compromisos éticos y la profesionalización; un tercero para mejorar los mecanismos de control; y un último para perfeccionar la legislación vigente.
Entre estas recomendaciones prácticas, algunas de ellas incluidas en el anteproyecto de ley de reforma de la legislación del Contrato Público, destaca la necesidad de potenciar la transparencia a la hora de presentar ofertas de licitaciones y de crear un Portal de Información sobre licitaciones. También se aboga por suprimir el procedimiento negociado sin publicidad y por regular de forma más efectiva la figura del contrato menor.
Transparencia Internacional es partidaria de que se refuercen los sistema de inspección de la contratación del sector público y se profesionalice la toma de decisiones en las mesas de contratación, de las que quiere excluir la representación política. Asimismo, quiere que se apruebe un Código de Buenas Prácticas y se impulse la firma de pactos de integridad para fomentar el comportamiento ético en el sector.
Respecto a los mecanismos de control, la organización apuesta por que se implementen herramientas para detectar "patologías" con carácter previo: "En España lo que ha fallado son todos los controles previos. La corrupción se combate con la prevención", ha afirmado José María Gimeno Feliu, coordinador de la comisión de transparencia y prevención de la corrupción en licitaciones y contratos públicos, quien ha recalcado la necesidad de adoptar medidas para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y lo hagan "sin costes".
Con todo, la organización reclama un marco legislativo "estable, claro y comprensible" porque en este sector existe "un baile continuo de las normas", hecho que genera "inseguridad jurídica y que es "un buen aliado" para que se produzcan irregularidades.
En materia de subvenciones, Transparencia Internacional pide una regulación común sujeta a los principios de publicidad, concurrencia e igualdad; la creación de una Junta Consultiva de Subvenciones; y ve necesaria la publicidad de todas las sanciones impuestas en esta materia.
MEDIDAS SIN IDEOLOGÍA
José María Gimeno Feliu ha insistido en que el conjunto de las medidas propuestas son "acríticas desde el punto de vista ideológico" y sólo intentan aportar soluciones "desde un plano técnico" a los problemas "detectados en la realidad" de estos ámbitos.
Así, ha subrayado la importancia de que por parte de los partidos políticos se propongan medidas legislativas "concretas", especialmente en materia de contratación pública, en el que hay "un nivel no pequeño de corrupción".
De hecho, ha indicado que las instituciones comunitarias han cifrado en 13.000 millones de euros su sobre coste y han advertido de su falta de eficiencia.
"Tocaba hacer una propuesta de la sociedad civil a los partidos políticos para que adoptasen medidas legislativas en una materia tan importante y sensible", ha destacado Gimeno Feliu al respecto.
En esta misma línea se ha manifestado Lizcano, quien cree que las formaciones políticas son las que tienen "la llave del cambio" de la situación y son quienes debe adoptar compromisos y posiciones contra la corrupciones en sus programas electorales.
Sobre este compromiso político, ha recordado que la mayoría de los partidos ya han mostrado su predisposición a incluir las recomendaciones formuladas por Transparencia Internacional en ocasiones anteriores.