El Tribunal Constitucional ha enviado al Senado un escrito en el que le pide que ponga en marcha el proceso de designación de cuatro de sus magistrados que debe renovar la Cámara Alta, porque su mandato concluye el próximo mes de diciembre.
Se trata de cuatro jueces elegidos en 2010 con tres años de retraso por el enfrentamiento entre PP y PSOE a propósito de la candidatura de Enrique López, defendida por el primer partido y rechazada por el segundo. Su mandato ha sido por tanto de seis años y no de nueve, como establece la Constitución.
Uno de esos cuatro puestos está además sin cubrir desde el fallecimiento el año pasado del magistrado Luis Ignacio Ortega. El Senado inició los trámites para sustituirlo, pero no los había concluido cuando se disolvieron las Cortes en octubre por las elecciones de diciembre.
El aviso del Constitucional llega cuando el Senado se encuentra de nuevo disuelto y pendiente de otras elecciones generales. Será por tanto la nueva Cámara, la que se constituirá el 19 de julio, la que tome la iniciativa para renovar a los miembros del Alto Tribunal.
Como ha recordado Pedro Sanz, vicepresidente primero del Senado, este proceso contará de nuevo con la participación de los parlamentos autonómicos, que tienen capacidad para presentar candidatos aunque es el Senado el que examina a los aspirantes y decide.
UNA ELECCIÓN POLÉMICA
Los cuatro magistrados elegidos por el Senado en 2010 fueron Luis Ignacio Ortega, Francisco José Hernando (también fallecido), Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa. Fueron designados con tres años de retraso porque el enfrentamiento entre PP y PSOE hizo imposible el acuerdo en 2007 dentro del plazo previsto por la ley. Por este motivo, han permanecido en el cargo seis años y no los nueve que les correspondían.
Entre otras cosas, por el empeño del PP de designar a Enrique López y la negativa en redondo del PSOE a aceptarlo. En el camino se cruzó también la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Aquel proceso tuvo la novedad de que contó con la participación formal de las Comunidades Autónomas, cuyos parlamentos pudieron proponer nombres al Senado. En la práctica, sin embargo, todas las autonomías gobernadas por el PP aportaron los mismos candidatos: cinco de ellas propusieron a Hernando (Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia) y otras cuatro, a Enrique López (Castilla y León, Madrid, Extremadura y Cantabria).
López fue finalmente descartado después por la Mesa del Senado de mayoría entonces socialista, al entender que no había acreditado los 15 años de experiencia profesional exigibles; así es como entró en la liza Francisco Pérez de los Cobos, también propuesto por el PP y hoy presidente del Tribunal Constitucional igualmente con polémica, porque era afiliado 'popular' en el momento de su designación.
Con tres años de retraso, por fin en diciembre de 2010 se votó en un Pleno del Senado la renovación de magistrados del TC. De lo enconado del proceso da muestra también cómo se resolvieron las votaciones. Los dos nombres propuestos por el PP, Hernando y Pérez de los Cobos, recibieron menos votos que los otros dos, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, candidatos del PSOE, aunque la lista había sido pactada entre los dos partidos. De hecho, Hernando fue el que recibió el menor número de apoyos de los cuatro.