La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión de la convocatoria, así como la de sus actos de preparación en cumplimiento del artículo 161.2 al igual que ocurrió a finales de septiembre con el decreto de convocatoria que se amparaba en la Ley de Consultas de Cataluña.
El Ejecutivo aportaba como pruebas de incumplimiento de la Constitución la web 'participa2014.cat', las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.