Como ha explicado Muñoz en rueda de prensa, en abril de 2011 la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dictó una sentencia contra los herederos de Gil y algunos políticos del grupo GIL, incluso contra Julián Muñoz y Pedro Román, detectando un alcance contable de 66 millones de euros de principal y 39 millones de euros de intereses.
"Dinero que era del Ayuntamiento y que tenía que tener una finalidad municipal, pública", ha manifestado la alcaldesa, quien ha subrayado que esa cantidad, además, "debía tener una factura", teniéndose también que haber especificado "dónde había ido ese dinero que se detectó entre 1991 y 1999".