La decisión del Supremo coincide con la comparecencia este viernes en la Audiencia Nacional del banquero reclamado por falsear las cuentas de la entidad, que se ha negado a ser extraditado durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
En esta nueva resolución, por la que además se condena en costas al exdirectivo a abonar 250 euros, el Supremo resuelve, una vez oído al Abogado del Estado, que el acogimiento de la medida cautelar solicitada por Martin-Artajo supondría "impedir la continuación del procedimiento, privando al órganos jurisdiccional de la competencia que le es propia una vez decidido por el Consejo de Ministros la continuidad del procedimiento".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ya decidió el pasado 31 de octubre rechazar la medida cautelarísima -es decir sin esperar el trámite de escuchar a las partes- solicitada por el exbanquero en el mismo sentido.
Este ejecutivo es reclamado por Estados Unidos por falsear presuntamente las cuentas de la entidad y se le acusa de provocar pérdidas de cerca de 800 millones de dólares.
Con independencia del procedimiento que se tramita en la Audiencia Nacional, Martín-Artajo había solicitado al Supremo la suspensión del acuerdo del Gobierno por el que se ordenaba la continuación de su extradición alegando que dicho trámite "carece de toda apariencia de buen derecho" por su falta de audiencia en el expediente y por estar prohibida su entrega dada su nacionalidad española.
OCULTAR PÉRDIDAS
Martín-Artajo, en su condición de corredor de valores, se encargaba de ajustar al mercado diariamente los libros de operaciones de la SCP y de determinar el valor justo de mercado de los valores. Esos ajustes eran posteriormente convertidos en parte de la contabilidad y los registros de la entidad.
Durante el primer trimestre de 2012, las autoridades estadounidenses sospechan que Martín-Artajo instruyó a otras personas para que ocultaran las crecientes pérdidas de las SCEP que gestionaba. La Justicia estadounidense estima que él y su cómplice manipularon los ajustes para disfrazar pérdidas de unos 767 millones de dólares. Estos informes y ajustes manipulados fueron utilizados por los empleados del banco para preparar los anuncios al público de las ganancias trimestrales.
Provocaron así que la firma hiciera presentaciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores, presentando también información inexacta de sus ganancias en varios documentos.
El juez Pedraz le puso el pasado 27 de agosto en libertad después de que en dicha ocasión ya manifestara su negativa a ser extraditado a Estados Unidos y aportara documentos para acreditar su arraigo en España. En dicho momento se acordó su prohibición de salir del territorio nacional sin autorización, junto a comparecencias quincenales ante la Audiencia Nacional o el Juzgado más cercano a su domicilio.