El Tribunal Supremo ha condenado a seis años y un día de cárcel a un estafador que hizo creer a más de medio centenar de jóvenes interesados en adquirir su primera residencia que él podía conseguirles viviendas de protección oficial si adelantaban una entrada. Las víctimas entregaron entre 12.000 y 24.000 euros, permitiendo al hombre apropiarse de casi un millón de euros.
La Sala de lo Penal ha reducido en un año la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que le condenó en marzo de 2013 a siete años y un día de prisión por un delito continuado de estafa y que aplicó indebidamente dos agravantes.
El alto tribunal declara probado que este hombre, con antecedentes por delitos de estafa, urdió una trama basada en ofrecer al público viviendas de protección oficial (V.P.O.) en construcción y fingió tener contactos con el Ayuntamiento para que resultaran adjudicatarios.
El condenado, José G., se anunció en el mercado a través de folletos de propaganda y de empleados y conocidos suyos, que creían en su capacidad de intermediación y difundieron la noticia entre amigos y familiares.
De esta forma, más de 60 personas, la mayoría jóvenes que deseaban adquirir su primera vivienda, contactaron con el acusado, acudieron a las oficinas de sus empresas y firmaron contratos, que incluían una cláusula que garantizaba la devolución del dinero adelantado en el caso de que fuera imposible la adjudicación de la vivienda protegida.
El hombre alegó ante el Supremo que no "indujo a error" a quienes contactaron con él ya que se presentó como un "mero conseguidor" y "el empleo de la mínima diligencia tendría que haberles llevado a sospechar" y a tener una actitud "más cautelosa".
La sentencia, con ponencia del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, rechaza este extremo al tener en cuenta que su publicidad, las empresas y los contratos de los que se sirvió conllevó "una apariencia de legalidad" capaz de engañar a medio centenar de interesados representativos de "un sector de la población, de cierta variedad".