La Sala Civil y Penal del TSJC ha rechazado el recurso de súplica presentado por las defensas --en el que alegaban que la Fiscalía hacía un uso preventivo del derecho penal-- y mantiene el procedimiento abierto por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, según el auto del TSJC recogido por Europa Press.
Considera que el acuerdo marco para la compra de urnas es una resolución administrativa "que pudiera estar orientada a infringir el mandato del Tribunal Constitucional y que, además, pudiera tener repercusiones en el patrimonio de los administrados" y constatan que el proceso de licitación para la adquisición de urnas continuó en el tiempo y se mantuvo hasta el 9 de junio, cuando se anunció el referéndum.
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