El pasado lunes, la subdelegación del Gobierno en Castellón acordó prohibir esta iniciativa al considerar que podía suponer un "peligro manifiesto para la integridad física de los manifestantes", de acuerdo con la resolución, adoptada tras recibir un informe de la Comandancia de la Guardia Civil que lo proponía.
ACPV presentó un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión, que ha sido estimado por el TSJCV, que ha declarado contraria a derecho la resolución de la Subdelegación que prohibía la cadena humana, acto que ha autorizado y ha condenado al Estado a pagar las costas del proceso, según el alto tribunal valenciano.