En la proposición no de ley, UPyD critica la "inoperancia" del Ministerio del Interior en la aplicación de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo del año 2003.
Díez señala en un comunicado que la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT), organismo creado en mayo de 2003, no realizó ninguna intervención para bloquear las operaciones de financiación de Batasuna por parte del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV).
La parlamentaria de UPyD cita diversas sentencias en las que el PCTV "prestó apoyo financiero a personas vinculadas a Batasuna en cargos relevantes" a través de "transferencias de dinero", mientras que ANV realizó numerosos pagos a individuos o entidades asociadas con Batasuna desde sus cuentas abiertas en La Caixa y Caja Laboral Popular.
UPyD solicita al Ejecutivo que elabore en el plazo de tres meses una lista "actualizada y completa" de las organizaciones terroristas que operan en el ámbito nacional, así como de las personas físicas que hayan sido encausadas o condenadas por delitos de terrorismo y de las personas jurídicas, especialmente las asociaciones relacionadas con organizaciones terroristas.
Añade que el Gobierno debería trasladar la lista a las administraciones públicas del País Vasco y Navarra, así como a las entidades financieras, con el objetivo de que comuniquen a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT) cualquier operación financiera relacionada con las organizaciones, entidades o personas incluidas en ella.
Asimismo, pide al Ejecutivo que aplique las directivas europeas aprobadas sobre esta cuestión en 2005 y 2006, sobre todo, cuando España ya recibió el pasado mes de noviembre una denuncia de la Comisión Europea por incumplir con sus obligaciones en la lucha contra la financiación del terrorismo.
También solicita al Gobierno que publique en el primer trimestre de cada año una memoria con los datos de las operaciones de bloqueo de la financiación del terrorismo con las organizaciones terroristas o las personas físicas y jurídicas afectadas, así como con las entidades a las que se hayan abierto procedimientos sancionadores por contravenir sus obligaciones administrativas en esta materia.