Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado dirigió un escrito a la cámara alta, fechado el 22 de febrero, como recordatorio de otro oficio de octubre del pasado año y del que, después de cuatro meses, la magistrada seguía sin recibir respuesta a la solicitud de información sobre la condición de aforada de la exalcaldesa.
El juzgado de Instrucción 16 de Valencia instruye una denuncia contra la exalcaldesa de Valencia por incumplir la Ley de la Memoria Histórica presentada en mayo por el diputado socialista en el Congreso José Luis Ábalos; el portavoz del Grupo para la Recuperación de la memoria Histórica, Matías Alonso y un abogado.
En la denuncia le atribuían supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio en los que habría incurrido por negarse a retirar de las calles de la ciudad escudos, insignias y placas con símbolos franquistas.
En junio, la titular de instrucción 16 se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) porque entonces Barberá era diputada autonómica y, por tanto, aforada ante el alto tribunal valenciano. En septiembre, la sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado.
El TSJCV, de conformidad con el criterio expresado por la Fiscalía, entendió entonces que la condición de senadora de la exalcaldesa, única denunciada, determinaba la "falta de competencia de esta Sala para pronunciarse sobre la admisión de dicha denuncia, al resultar competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
Por tal motivo, el ponente, el magistrado José Francisco Ceres, acordó no aceptar la inhibición del juzgado de Instrucción 16 en el que recayó inicialmente la denuncia contra Barberá y devolver a dicho juzgado las diligencias para que proceda "conforme a derecho".
La magistrada solicitó entonces, en octubre, a la cámara alta la acreditación de que la exalcaldesa de Valencia es senadora, una petición que no fue respondida. Cuatro meses después, el juzgado ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesita la magistrada antes de resolver si envía la causa al Tribunal Supremo.