El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará hoy, jueves, como imputados al empresario valenciano Alejandro de Pedro, presunto 'conseguidor' de la red de corrupción Púnica, y al exdiputado del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla, informaron fuentes jurídicas.
De Pedro, dueño de las compañías Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) y Madiva, dedicadas al posicionamiento 'on line' en redes sociales, está en el centro de la investigación por los contratos que le adjudicaron varios organismos públicos, entre ellos la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Diputación de León.
El magistrado, que ya le interrogó el pasado 30 de octubre en la primera ronda de comparecencias de la 'operación Púnica', quiere aclarar en esta segunda declaración los supuestos pagos en negro, por un total de 120.000 euros, que la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), dependiente de la Consejería de Presidencia que dirigía Salvador Victoria, habría reclamado a la empresa Indra con De Pedro como beneficiario.
Velasco pedirá explicaciones también al empresario sobre el volumen de contratos que se adjudicó EICO en relación con la plantilla que tenía, de apenas una decena de empleados. Durante el interrogatorio al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el juez mostró su extrañeza por el hecho de que el club contratara a las empresas de De Pedro para situarlo en las redes sociales cuando apenas tenía "diez empleados y veinte clientes". A su juicio, EICO no tenía "capacidad" suficiente para afrontar esta tarea.
"CABEZA" DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
De Pedro está imputado por los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. En el auto de prisión del pasado 30 de octubre, el juez le situó a la "cabeza" de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por el constructor David Marjaliza, cabecilla de la red junto al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.
"Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares", señalaba el magistrado.
El empresario permaneció en la cárcel hasta el pasado 24 de diciembre, cuando abonó una fianza de 50.000 euros que en febrero pasado le retiró la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que entendió que la medida era "innecesaria", toda vez que no sirve para aminorar el riesgo de destrucción de pruebas o de influir sobre otros implicados en la causa.
También se le relaciona con el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez, quien le concedió contratos en la estación de esquí de San Isidro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar" en el cargo.
Utrilla, por su parte, ocupará hasta el próximo sábado el cargo de alcalde en funciones del municipio madrileño de Sevilla La Nueva. Su hermano, el exconcejal de Móstoles Alejandro Utrilla (PP), está imputado por siete delitos que habría cometido al favorecer a la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, en la adjudicación de un contrato por valor de 72 millones de euros. Según los pinchazos telefónicos que obran en el procedimiento, la empresa se comprometió a entregarle 240.000 euros que se justificaron en otros conceptos.
En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".