La aclaratoria del Gobierno figuró en un comunicado difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores en el que se precisa que "recibir" la denuncia no significa "admitirla".
"En el caso del ausente alcalde Manuel Rosales, lo ocurrido es que su denuncia fue recibida y se le informó que sería acumulada con la presentada anteriormente, ya que se reseñaban los mismos hechos. Esto no quiere decir que la misma haya sido admitida", dice la nota de la cancillería.
En el comunicado se menciona la "ausencia" de Rosales porque desde mediados de la semana pasada se desconoce su paradero.
Mientras que portavoces pro gubernamentales aseguran que huyó del país, y algunos incluso lo sitúan en Miami (EE.UU.), sus familiares afirman que está en Maracaibo.
La posición de la cancillería fue adelantada el jueves por el ministro de Comunicación, Jesse Chacón, quien indicó que el secretario general de la CIDH, Santiago Cantón, le aseguró que no fue admitida la denuncia de Rosales.
La denuncia de Rosales fue presentada en diciembre pasado y fue acumulada a otra presentada en 2007 por presunta persecución política y violación de sus derechos humanos.
"El secretario de la CIDH confirmó dos hechos. Uno, que no está admitida ninguna denuncia, porque si hubiese sido así ya hubiese sido informado el Estado venezolano, y eso no ha ocurrido; y dos, que de haber sido admitida, cualquier venezolano puede meterse en la página de la comisión y allí debería estar el expediente como admitido y no está", dijo Chacón.
El ministro añadió que la denuncia recibida por la CIDH no tiene base cierta porque "Rosales no tiene cómo justificar con su sueldo de maestro y luego de gobernador la cantidad de viviendas, empresas y bienes adquiridos en otros países".
"A él no se le enjuicia por política, sino por robo y eso es un juicio eminentemente ordinario", agregó.
La Fiscalía de Venezuela pidió el 19 de marzo la detención preventiva de Rosales a un tribunal que se pronunciará sobre ella el próximo 20 de abril.
Representantes de la policía judicial aclararon que de momento no han recibido la orden de ningún tribunal en la que se les pide que detengan a Rosales.
Familiares del alcalde de Maracaibo y candidato presidencial de la oposición en las elecciones de 2006 dijeron que no está desaparecido, sino que se encuentra "a resguardo" por motivos de seguridad.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, planteó que si pasan más de 90 días sin que Rosales cumpla con sus deberes como alcalde, por estar ausente, se convocarán nuevas elecciones en Maracaibo para que otro cubra su puesto.
El proceso contra Rosales arrancó el 13 de setiembre de 2004, luego de que el secretario regional del partido pro gubernamental Patria Para Todos (PPT), José Pirela, denunció a Rosales por la presunta adquisición de numerosos bienes inmuebles directamente o a través de testaferros.
La investigación abierta a raíz de la denuncia determinó, según la Fiscalía, que Rosales "no logró justificar" recursos que aumentaron su patrimonio en 147.390 bolívares (68.553 dólares).