En una entrevista a TV3 recogida por Europa Press, Vidal ha dicho que no considera que se trate de una "represalia, sino de "una reacción del 'status quo', del sistema". "No en vano --ha sostenido-- este expediente empezó por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la decisión de suspensión cautelar ha sido asumida por la Fiscalía General, es decir, el poder ejecutivo, que, como todo el mundo sabe, esta a cargo del PP".
La Fiscalía envió el jueves un oficio al Consejo denunciando los hechos y previamente había remitido sus alegaciones a la Comisión Disciplinaria del CGPJ manifestando que no se oponía a la suspensión solicitada por el Promotor de la Acción Disciplinaria.
Según ha informado el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía argumentaba en su escrito que los ciudadanos "difícilmente pueden albergar confianza en la imparcialidad en la aplicación del Derecho por parte de quien notoria y públicamente" cuestiona la legalidad vigente y el mandato constitucional de sujeción a ella.
Además, invocaba el artículo 117 de la Carta Magna que impone a los jueces una estricta sujeción a la legalidad y a la imparcialidad.
El magistrado ha asegurado que ni él ni sus compañeros consideran que el redactado de "un borrador de un documento que en su día podría llegar a ser un material de trabajo para el Parlamento constituyente de una nueva Constitución, sea incompatible con el ejercicio de las funciones" que desempeñan en los juzgados.
"Trabajar intelectualmente un documento jurídico y debatir entre nosotros cómo querríamos que fuera un hipotético Estado de Cataluña en el caso de que los catalanes decidan esta opción, no influye en nuestras decisiones del día a día, en los casos concretos que tenemos sobre la mesa", ha matizado Vidal.
Por eso ha valorado muy positivamente la decisión del CGPJ que considera "una lección de confianza que es buena para los ciudadanos en relación a la independencia".
"En su momento ha acatado de manera acrítica la decisión de la Fiscalía General del Estado, pero suspenderme no habría sido una buena solución" ha añadido, celebrando que se haya tomado una decisión jurídica, pero asumiendo que ésta se ha tomado por 4 votos a tres.
El Promotor de la Acción Disciplinaria tiene ahora un plazo de seis meses para tramitar el expediente disciplinario, que finalizará con una propuesta de sanción o de archivo, y con todo, la Fiscalía puede recurrir en alzada el acuerdo de la Comisión ante el Pleno.
Vidal recibirá, durante esos seis meses, los cargos que justificarían su suspensión y podrá presentar alegaciones y pruebas para que, cumplido el plazo, el CGPJ tome la decisión definitiva.
"Espero que en el transcurso de la tramitación del expediente se me garantice el derecho a defenderme, cosa de la que no tengo duda alguna, y que la decisión sea tan satisfactoria como la que se ha tomado hoy" ha deseado el juez, que ya ha anunciado que en caso de que la decisión sea apartarle de la judicatura, utilizará todos los recursos jurídicos a su alcance para defenderse.