Así lo han indicado durante el juicio celebrado en el Penal número tres de Gijón, en el que los abogados de la defensa han insistido en la vulneración de derechos constitucionales durante la causa.
Especialmente relevante ha sido para los abogados de la defensa el hecho de que el responsable de la Web del Congreso testificara que la caída del servicio fue intermitente y que quien arregló la Web de la Junta Electoral Central fue un empleado de plantilla, con lo que los 700 euros atribuidos como daño eran una estimación a precios de mercado.
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