Soraya Sáenz de Santamaría considera el acuerdo -para la reforma constitucional y el desarrollo de una ley orgánica que establezca los límites concretos de déficit y de deuda pública- bueno desde el punto de vista social, económico y político. Para los populares es positivo que todas las administraciones "estén sujetas a la austeridad, responsabilidad y transparencias de cuentas publicas. Este acuerdo facilitará "el crédito y la financiación al dar solvencia a las cuentas públicas", además de permitir "el mantenimiento de los servicios públicos".
Ha destacado que "la limitación del déficit estructural de todas administraciones, tendrán que estar en consonancia con el nivel de define la UE" y los deuda debe llegar de nuevo al 60% en 2020". Para el PP este texto supone "un consenso clave en una de las reformas estructurales fundamentales" que necesita la economía española.
Santamaría ha destacado que el acuerdo último llegó anoche a la una de la madrugada cuanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de su partido, Mariano Rajoy, dieron el visto bueno. Preguntada por el papel que ha jugado en la negociación el candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, Santamaría ha dicho que no ha hablado, ni se ha sentado con él en ningún momento. Su interlocutor ha sido el portavoz socialista, José Antonio Alonso.
Para el PSOE el acuerdo permite decir que "España es un país serio, solvente que paga sus deudas", en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba. El candidato socialista ha explicado que el acuerdo introduce en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, que implica que "no se va a gastar más dinero que aquel que pueda razonablemente se puede pagar".
No obstante, se ha buscado la flexibilidad, ha explicado Rubalcaba, y por ello se ha "limitado el déficit estructural" y los límites numéricos "se han llevado a una ley orgánica".
El acuerdo recoge la reforma del artículo 135 de la Constitución, aunque las cifras concretas vendrán recogidas en una ley orgánica que establece el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas en el 0,4% a partir de 2020.