En este sentido, ambas entidades consideran que esta decisión causará el malestar entre los profesionales de la información, que lo consideran un "ataque" al libre acceso a la información, y advierten que, por primera vez, se les exige pagar para realizar su trabajo de informar al público.
Además, añaden que sienta un "peligroso precedente" en contra del Código Deontológico de la asociación que establece que "se defenderá siempre el libro acceso a la información proveniente o generada desde las Administraciones Públicas. En este sentido, han recordado que SEMINCI es una institución que recibe la mayor parte de su financiación de los fondos públicos.