El motivo, según ha adelantado el diario 'El País', es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con "responsabilidades políticas por mala gestión".
En ese extenso informe, recogido por Europa Press, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio anual" de Mercamadrid", señalaba la denuncia.
Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".
DAÑO PATRIMONIAL DE 11 MILLONES
Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno (del PP) de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó el concejal.
En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. "En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad", señalaba el documento.
Con este informe, el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigue por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.
EL ENÉSIMO CASO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN
De este modo, el escándalo que la Fiscalía denuncia ahora contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se suma al de Ignacio González, detenido como parte de la denominada 'operación Lezo', que investiga el presunto desfalco del Canal de Isabel II durante la gestión de éste, y que condujo a la detención, --entre otros--, del propio Ignacio González, de su hermano Pablo González, y de su cuñado, José Juan González, ahora en libertad tras pagar la fianza 100.000 euros de fianza.
Más allá, el caso ha provocado la dimisión de Esperanza Aguirre, quien ha manifestado sentirse "engañada y traicionada" por González, una noticia que ha dado por buena parte de la oposición, si bien otra ha criticado que llega demasiado tarde.
"El cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal", apuntó Manuela Carmena.