De los 3.600 millones de euros de tope de déficit de tarifa para 2013, Iberdrola debe financiar cerca del 35%, unos 1.040 millones, conforme a la nueva Ley del Sector Eléctrico aprobado a finales del año pasado.
Esta partida es la principal de los 1.445 millones de origen regulatorio pendientes de cobro por parte de la eléctrica. Con el nuevo esquema de financiación de la deuda eléctrica, en el que se obliga a todos los agentes a participar en el esfuerzo, Iberdrola solo tendrá que asumir el 15% de los desajustes puntuales que se produzcan.
Durante la conferencia con analistas, los directivos de la compañía también indicaron que Iberdrola ha contabilizado un efecto positivo de 111 millones de euros relacionados con la sentencia favorable del Tribunal Supremo sobre los derechos de emisión de CO2.
El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, señaló que la compañía ya ha tomado "muchas acciones legales" acerca de medidas regulatorias cuyos resultados "empiezan a cosecharse". "Los tribunales ya nos dan la razón a algunas de nuestras demandas", dijo.
La eléctrica calcula que el conjunto de las modificaciones regulatorias realizadas desde el año 2011 tendrá un impacto negativo estimado en los resultados de 2014 por un valor bruto total de 1.395 millones euros.
El máximo directivo de la compañía puso énfasis en los esfuerzos de reducción de deuda, en la fortaleza financiera y la utilización de criterios "estrictos de inversión" emprendidos por Iberdrola.