El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado un borrador de orden ministerial en el que se contempla la posibilidad de que Enagás pueda encargar en nombre del Gobierno la realización o contratación de auditorías técnicas y económicas independientes de los almacenamientos subterráneos de gas.
De esta forma, la capacidad para encargar estas auditorías en nombre de Industria no solo corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC) y al promotor de la instalación, sino también al gestor técnico del sistema gasista.
En su informe acerca de este cambio normativo, la CNMC advierte de que, si se encarga a Enagás la realización o contratación de estas auditorías, pueden producirse "problemas de compatibilidad" tanto en el caso de la instalación de Yela como en la de Castor.
De hecho, Yela es propiedad 100% de Enagás, mientras que en el caso de Castor la compañía presidida por Antonio Llardén tiene firmado un acuerdo para la adquisición a ACS del 33,33% del capital social Escal UGS, siempre y cuando el proyecto entre en operación.
La propuesta de orden ministerial remitida por Industria al regulador modifica la orden ITC/3995/2006, en la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica.
Los cambios en la norma establecen que Industria puede realizar o contratar auditorías técnicas y económicas independientes adicionales para verificar que la información aportada inicialmente por el titular del almacenamientos subterráneo refleja una imagen fiel de la realidad.
Las auditorías también tienen como objetivo comprobar que las decisiones del titular "han estado justificadas por la búsqueda de la solución técnica adecuada, bajo los principios de transparencia, concurrencia y mínimo coste, así como para determinar el valor normal de mercado de aquellos conceptos no contratados bajo fórmulas concurrenciales".
CLAVES PARA CALCULAR LA INVERSIÓN.
El resultado de las auditorías puede ser clave incluso a la hora de valorar el importe de la inversión. "En el supuesto de que se pongan de manifiesto discrepancias sustanciales, tal y como recoge el artículo 6 (del borrador de orden), estas auditorías serán tenidas en cuenta para ajustar la inversión declarada por el promotor", indica el regulador.
En todo caso, la CNMC sí se muestra de acuerdo con el objetivo de la propuesta, que es la posibilidad de realizar auditorías técnicas y económicas independientes que verifiquen "la información de los expedientes de inclusión en el régimen retributivo, para facilitar una mejor supervisión de los costes de inversión a considerar".