La producción de opio florece bajo la junta militar en Birmania

Además de la represión y de la violencia, otra de las consecuencias anticipadas por gran parte de la población birmana tras el golpe de Estado de la junta militar perpetrado hace dos años en Myanmar fue el incremento de un negocio tradicionalmente beneficioso para los golpistas: el de la droga. La inestabilidad política es el ecosistema perfecto para que éste se desarrolle impunemente y llene las arcas de la cúpula en el poder, por eso, cada vez que los militares gobiernan, los actores involucrados en la producción y distribución de opio y metanfetaminas se frotan las manos. Desde los campesinos que viven bajo el umbral de la pobreza o la minoría rohinyá que es usada como mulas hasta los peces gordos de la dictadura. Con la junta en el Gobierno, el -acuñado por la CIA- ‘Triángulo Dorado’ (Myanmar, Laos y Tailandia) resplandece cada vez más.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha publicado recientemente un informe en el que confirma que en 2022 el cultivo de amapola ha aumentado un 33 por ciento en la región del sudeste asiático con respecto a 2021 y que puede llegar a crecer hasta un 88 por ciento. Las cifras corresponden al primer año de los militares en el poder y el representante regional de la ONU, Jeremy Douglas, menciona la complejidad de esta situación. 

“El cultivo de opio es una cuestión económica, y no puede resolverse destruyendo los cultivos, lo que sólo aumenta la vulnerabilidad”, afirma Douglas. “Sin alternativas ni estabilidad económica, es probable que el cultivo y la producción de opio sigan expandiéndose”. 

La fragilidad de la economía y la inestabilidad social (revueltas, represión y disputas entre grupos étnicos) son la razones principales para que la vía ilícita y lucrativa de la droga sea la elegida. La producción nacional potencial de opio en 2022 se estimó en unas 790 toneladas métricas, casi el doble de las estimaciones de 2020, que correspondieron a alrededor de 400 toneladas métricas. Según el informe, las prácticas agrícolas son más sofisticadas que antes del golpe, cuando éstas eran pequeñas, mal organizadas y con ubicaciones alejadas de carreteras, lo que dificultaba la distribución. El negocio se ha profesionalizado y las estimaciones nacionales de producción de opio son las más altas desde que la ONUDD ha analizado la actividad en el país: una media de 19,8 kilogramos de opio por hectárea de amapolas. Gracias al incremento en la producción y a la subida de los precios en un 69 por ciento interanual, los agricultores han logrado unos beneficios del doble con respecto al año anterior. Esto no significa necesariamente que tengan un mayor poder adquisitivo debido a la enorme inflación, la devaluación de la moneda y el aumento del coste de los fertilizantes, el combustible y el transporte. 

El valor estimado de la economía de opiáceos en Myanmar oscila entre 620 millones y 1.800 millones de euros, es decir, 1% y el 3% del PIB de Myanmar en 2021. Según la ONU, el mercado regional de heroína está valorado en más de 9.000 millones de euros. La Policía y el Ejército son los encargados de controlar el negocio de las drogas en el país, y uno de los datos que más ha llamado la atención del estudio es que se ha producido un descenso del 70 por ciento en cultivos erradicados, una cifra que no hace más que elevar las sospechas a una cúpula militar que, como poco, prefiere mirar hacia otro lado. 

La junta militar está reforzando su poder dos años, alrededor de 31.00 fallecidos de ambos bandos y casi 16.000 detenidos después. Según Human Rights Watch (HRW) una nueva ley de partidos políticos impedirá que miembros clave de la oposición política se presenten a las próximas elecciones. Éstas estaban previstas para agosto, sin embargo, el régimen ha anunciado en febrero que extenderá el estado de emergencia seis meses más para “combatir a los grupos insurgentes”, ya que han confirmado no tener bajo control militar a más de un tercio de los municipios del país. En la actualidad, la presidenta electa, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, está encarcelada y condenada, a sus 77 años de edad, a 33 años de prisión. Varios miembros de su formación política, Liga Nacional para la Democracia, también están entre rejas. Los temores tras la aprobación de esta ley es que la junta está buscando perpetuarse en el poder y legitimar un mayor control en el poder. Los militares han prometido elecciones este año. 

“La junta de Myanmar adoptó la Ley de Registro de Partidos Políticos no sólo para amañar las elecciones previstas, sino para tratar de obtener legitimidad para un Estado controlado por los militares”, expresa Manny Maung, investigador en Birmania para HRW. “La Junta está creando un sistema para aplastar a toda la oposición política y desbaratar cualquier posible retorno a un régimen civil democrático”, agrega antes de contar cómo lo hacen. Cualquier persona que haya estado condenada previamente no podrá afiliarse a ningún partido. En un Estado en el que pensar diferente es delito facilita mucho las cosas. Además, la junta ha anunciado que inhabilitará a cualquier grupo político considerado como “asociación ilícita u organización terrorista”. Partidos de la oposición como el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) y su órgano parlamentario, en el exilio, ya cuentan con ese status. 

Como respuesta a esta ley, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a diversas personas y organizaciones vinculadas con el Gobierno militar, entre ellas la comisión electoral del país, a los que ha bloqueado el acceso a sus fondos y recursos bajo control estadounidense. Otros países como Australia, Canadá y Reino Unido también han aplicado sanciones similares. La Unión Europea anunció recientemente la congelación de activos y la prohibición de viajar a 16 personas y entidades de la junta por “graves” violaciones de los derechos humanos en el país.

Otra de las leyes más recientes que ha promulgado la junta es, según medios locales, que permitirá a los civiles que sean considerados “leales al Estado” optar a licencias que les permitan portar armas y obtener munición. Es decir, civiles, funcionarios públicos y personal militar retirado que no hayan estado implicados en “perturbaciones de seguridad del Estado”. Estas personas deben comprometerse a cumplir con las órdenes de las autoridades locales y participar en “actividades de seguridad, mantenimiento del orden y estabilidad”, así como en “medidas de prevención del delito”. Los incidentes se producen a diario en Myanmar. El Gobierno militar reprime a los contrarios al régimen con violencia y en los últimos meses está incrementando el número de bombardeos. Según el Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), en 2022, más de uno de cada cuatro incidentes de violencia contra civiles perpetrados por fuerzas estatales nacionales tuvo lugar en Birmania.