Este instrumento introducido en 2008 obliga a los 192 miembros de la ONU (independientemente de que formen parte del Consejo de Derechos Humanos o no) a pasar este examen cada cuatro años.
Estados Unidos acudirá a la prueba con una gran delegación integrada por una treintena de personas, encabezadas por Esther Brimmer, secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales; Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado, y Michael Posner, secretario de Estado adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
En esta primera vez que Washington será examinado ante un organismo intergubernamental, la delegación presentará un informe de 25 páginas que fue enviado a la ONU el pasado agosto, pero también se estudiarán otros documentos preparados por decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
Turno de preguntas
Los representantes de EEUU deberán responder después a las preguntas que les hagan los países miembros del Consejo.
De acuerdo con una de las ONGs que ha participado en el proceso, Human Rights Watch, se espera que muchos gobiernos saquen a relucir el tema de la pena de muerte vigente y que se sigue aplicando en Estados Unidos, así como otras condenas como la reclusión a perpetuidad para menores de 18 años.