El jefe de Estado Mayor de la Defensa de Israel, el general Gadi Eizenkot, ordenará la anulación del protocolo 'Aníbal', un polémico procedimiento castrense por el que los militares están autorizados a iniciar de inmediato una operación para impedir o detener el secuestro de un compañero de armas incluso cuando al hacerlo pongan en riesgo su vida, según ha informado el diario 'Haaretz'.
La anulación de este protocolo se ordenará después de que la Auditoría Estatal israelí solicitara su revocación en su informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas israelíes en la última guerra en la Franja de Gaza, la operación Margen Protector.
El auditor estatal, Yosef Shapira, recomienda en su escrito que la directiva 'Aníbal' sea anulada porque o no es suficientemente clara o no está siendo correctamente interpretada por los mandos y altos mandos militares.
Las conclusiones del auditor han sido trasladadas en los últimos días a los más altos niveles de mando de las Fuerzas de Defensa israelíes. En el informe, la Auditoría advierte de que este protocolo está siendo interpretado en ocasiones como una luz verde para matar a los militares que están siendo secuestrados cuando la realidad es que solo permite el empleo de la fuerza para rescatarlos, aún cuando se ponga en riesgo su vida, según recoge el portal Arutz Sheva.
En su análisis, el auditor estatal argumenta que este protocolo está más ajustado para casos de secuestros durante operaciones regulares de seguridad y no tanto para raptos cuando el país está en estado de guerra porque entonces se deben tener aspectos del Derecho Internacional como el principio de la diferenciación entre combatientes y civiles y el principio de proporcionalidad, que implica que el alcance de las operaciones militares tienen que tener proporción con sus objetivos. Estos principios, según el organismo regulador israelí, se enfrentan con el uso excesivo de la fuerza durante un estado de guerra.
La Auditoría Estatal de Israel también ha recomendado en su informe que las Fuerzas de Defensa aclaren quién debe autorizar el empleo de la fuerza para intentar detener un secuestro en curso. En este sentido, el informe recomienda que la decisión se adopte teniendo en cuenta la gravedad del hecho, el entorno en el que ocurre y el riesgo potencial de que se genere una escalada de la violencia.
Según el auditor, la decisión sobre el empleo de la fuerza debe ser adoptada por el más alto nivel de mando castrense, el que corresponde al jefe de Estado Mayor, con el apoyo del Defensor Militar General. Además, las Fuerzas de Defensa israelíes deberán garantizar que los aspectos éticos de la operación quedan claros para todos los participantes.