En un escrito remitido hoy al magistrado, los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado justifican la solicitud de procesamiento en los indicios de la vinculación de estos cinco imputados "con el entramado HB/EH/Batasuna", al que, según lo investigado, mantenían a través de "fondos de las cuentas del grupo parlamentario".
Aseguran a este respecto que los 36 empleados de EHAK y los responsables de Batasuna a sueldo de esa formación recibieron 937.000 euros a través de transferencias bancarias de las cuentas corrientes del PCTV -ilegalizado en septiembre de 2008- y su grupo parlamentario, que desapareció con la disolución del Parlamento vasco las últimas elecciones.
De toda esta situación era conocedor, según los fiscales, el presidente del Partido Comunista de las Tierras Vascas, quien según ellos "conocía y asumía" la subordinación del grupo parlamentario "Ezker Abertzalea" a las directrices impartidas desde Batasuna y la contratación de dirigentes de Batasuna como empleados de su partido.
También le creen consciente del "vaciado de cuentas corrientes" de la formación y de su grupo parlamentario "a través de transferencias bancarias en beneficio de los responsables de Batasuna" y de la "integración de los recursos económicos" con los de Acción Nacionalista Vasca (ANV), sucesora de PCTV, y Batasuna.
Otra prueba que esgrime la Fiscalía para reclamar el procesamiento de estos cinco imputados por su integración en ETA son las reuniones que mantuvieron con "personas vinculadas a Batasuna y concretamente de miembros de su Mesa Nacional".
De hecho, los fiscales explican que el partido cedió a la Mesa Nacional de Batasuna la utilización de su sede en el polígono Belartza de San Sebastián, donde, en dos registros en 2007 y 2008, "se intervino abundante documentación interna de Batasuna".
Esto, a juicio del Ministerio Público, "pone de manifiesto la prestación de cobertura por parte de PCTV/EHAK para las actividades de una organización ilegalizada".
En dos reuniones de la Mesa Nacional, celebradas en junio y septiembre de 2007 en Salvatierra (Álava), fue detectada también la presencia de la parlamentaria vasca Nekane Erauskin, desde cuya cuenta bancaria, según la Fiscalía, se realizaron dos trasferencias con destino al entramado etarra por 27.000 euros cada una.
En febrero de 2008, Garzón imputó un delito de colaboración con ETA y otro de asociación ilícita a Ramos, Agirre y Jacinto ante la sospecha de una posible vinculación "de PCTV con Batasuna-ETA, así como la instrumentalización económico-financiera de dicho partido legal -en ese momento- para contribuir a la actividad y fines presuntamente terroristas de dicha organización".
El auto añadía que los responsables de dicha formación "habrían autorizado, diseñado y dirigido o participado en las operaciones" a través de las cuales se permitió financiar a ETA.
La condición de aforadas de Nekane Erauskin y Karmele Berasategi hizo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se hiciera cargo de esta causa hasta que ambas perdieron su aforamiento, momento en el que Garzón volvía a ser el competente para instruir estos hechos.