Mann, un ex oficial de las fuerzas oficiales, testificó en su juicio en Malabo sobre el fallido golpe en la pequeña nación petrolífera de África Occidental. A preguntas de la fiscalía y la defensa, Mann también implicó al Gobierno de España y el de Sudáfrica. Aunque, aclaró que "su implicación fue clandestina y nunca la admitirán".
Precisamente el Ministerio de Asuntos Exteriores español desmintió tajantemente estas acusaciones. "Nosotros no hemos dado luz verde a nada de eso", declaró un portavoz del Ministerio.
Ahora, el siguiente paso de Guinea Ecuatrorial será el de pedir la extradición de Thatcher y del empresario petrolero libanés Ely Calil. Este último era el 'jefe' del complot, según las declaraciones de Mann.
La fiscalía ha pedido 32 años de prisión para Mann por su papel en el complot, en el que ha admitido su participación al tiempo que ha manifestado sentirse culpable por lo que intentaron hacer.
Tráfico ilegal de armas
Mann obtuvo la libertad en mayo de 2007 tras cumplir la pena por supuesto tráfico ilegal de armas a Guinea Ecuatorial, pero fue detenido poco después por las autoridades de inmigración. Su entonces abogado, Ponciano Mbomio, denunció que la entrega fue ilegal porque no existe un tratado de extradición entre ambos países.
Al respecto, Obiang aseguró ante los periodistas que la extradición fue una acción legal porque los jueces ecuatoguineanos habían ganado el pleito y rechazó los rumores según los cuales dicha entrega se consiguió mediante favores económicos y suministros de petróleo al Gobierno del presidente de Zimbabwe.
En las mismas fechas del supuesto intento de golpe de Estado, en marzo de 2004, las autoridades ecuatoguineanas detuvieron en Malabo a Nick du Toit y otros 14 hombres, en su mayoría sudafricanos y armenios, por su supuesta implicación en la misma intenton. En noviembre de ese año, Du Toit fue condenado a 34 años de cárcel y Severo Moto fue condenado 'in absentia', a 63 años de prisión. RSO