En concreto, el embajador hondureño ante la OEA, Carlos Sosa, informará al Consejo Permanente de la organización, que se reunirá a las 14.30 GMT, "sobre el riesgo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder" en su país, según consta en la convocatoria.
En declaraciones a Efe, el embajador confirmó que el objetivo de la reunión es, por un lado, lograr que el Consejo Permanente de la OEA emita una resolución de pleno apoyo a las instituciones democráticas del país.
Por otro lado, el Gobierno de Honduras quiere que el organismo regional envíe una misión de apoyo al país centroamericano, que facilite un acercamiento de las partes en conflicto y ayude a fortalecer la normalidad institucional y democrática.
Según dijo el embajador, fue el presidente del país, Manuel Zelaya, el que le solicitó que tramitara ante la OEA la convocatoria de una reunión urgente del Consejo Permanente, para tratar de "las instituciones democráticas hondureñas, y la debida obediencia" de todos los estamentos de la administración al Gobierno.
Esta petición se produce en un contexto de una cierta inestabilidad política en Honduras, debido al rechazo que ha generado en algunos ámbitos una consulta popular que quiere realizar este domingo el presidente con vistas a un cambio constitucional que, según sus críticos, busca su continuidad en el poder.
Zelaya destituyó este miércoles al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, porque se negó a cumplir sus instrucciones para que los militares den apoyo logístico a la consulta del domingo.
No obstante, la Corte Suprema de Honduras restituyó el jueves a Vásquez en su cargo al considerar "ilegal" la decisión del presidente de destituirlo.
Zelaya también aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.
Zelaya promueve una "consulta popular" en la que los hondureños digan si están de acuerdo con que se instale una urna adicional en las elecciones generales del 29 de noviembre, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente a partir de 2010.
Luego vendría una reforma a la actual Constitución, que data de 1982 y dejaría libre el camino a Zelaya para buscar la reelección, algo que no permite la carta magna en vigor.
Diversos sectores rechazan las pretensiones de Zelaya porque consideran que busca el continuismo, argumento que niega el presidente, aunque sin descartar esa posibilidad "si eso fuera una voluntad popular".
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento y el Ministerio Público de Honduras han declarado "ilegal" el referéndum del domingo.