Holmes explicó que cuatro de las 13 organizaciones que habían sido expulsadas el pasado 4 de marzo ya han sido aceptadas para reanudar sus actividades en la zona y que las demás también tienen la posibilidad de volver bajo nuevos nombres.
"Es una medida práctica para progresar", expresó Holmes, quien añadió que "en los últimos meses ha habido una cooperación mucho más efectiva y positiva" con el Gobierno de Jartum.
Los pasos que se han estado tomando son "bienvenidos, aunque no habrían sido necesarios si no se hubiera tomado esa decisión en un principio", apuntó.
Jartum anuló hace cuatro meses los permisos de 13 organizaciones humanitarias internacionales y dos nacionales, a las que acusó de promover la orden de detención que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió contra el presidente Omar Al Bashir por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur.
"Todavía creemos que la decisión fue injustificada y que la mejor solución sería revertirla, pero hemos progresado en crear una atmósfera más positiva y hemos llegado a algunos acuerdos muy útiles", expresó Holmes.
Sin embargo, dijo, "ahora la clave es asegurar que esos acuerdos sean respetados, implementados en la práctica y mantenidos en el tiempo".
Hasta el momento también se ha progresado en la concesión de visados para los trabajadores de ONGs, la restauración conjunta del ambiente operativo y la creación de un comité para resolver los problemas de la zona.
"De todas formas todavía está por ver si las ONGs podrán volver a sus actividades rápidamente, emplear al personal que estaba trabajando antes de la expulsión y cuánto material se ha perdido en este tiempo", explicó Holmes.
El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum, en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros más de dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.