La popularidad del primer ministro, Kevin Rudd, que volvió al cargo hace tres meses tras la dimisión de Julia Gillard por la falta de apoyo, se ha desplomado en agosto tras un repunte a comienzos de verano.
Una circunstancia de la que se ha beneficiado Abbot, que goza del respaldo de los periódicos propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch, según la cadena BBC.
A Abbot y Rudd les separan las políticas para reducir el creciente déficit presupuestario de Australia, si bien ambos coinciden en endurecer las acciones para detener el continuo flujo de buscadores de asilo que llegan a las costas de Australia a bordo de embarcaciones.
Más de 14 millones de australianos están convocados a las urnas este sábado, obligados por ley. La cifra récord de 3,2 papeletas han sido depositadas en el voto por adelantado. Los colegios electorales cerrarán a las 18.00 hora local, dos horas más tarde en la zona oeste por las diferencias horarias.
ECONOMÍA E INMIGRACIÓN
Mientras los laboristas han enfatizado en su discurso el lema "trabajos, más trabajos y trabajos, sanidad, hospitales y banda ancha, y mantener las ayudas para el coste de las presiones de la vida", los nacional-liberales han puesto el acento en el "fin del gasto, la paralización de los botes y la construcción de carreteras del siglo XXI".
Además de la economía y el sector minero australiano, la llegada masiva de inmigrantes a Australia se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña electoral.
Bajo el plan que propugna los laboristas, los inmigrantes que lleguen en embarcaciones serán enviados a Papúa Nueva Guinea para su procesamiento y reubicación allí si son catalogados como refugiados.
Por su parte, los laboral-nacionalistas abogan por encomendar a un comandante militar las tareas de lidiar con los traficantes de personas y restringir los permisos a los inmigrantes con estatus de refugiados a visados temporales con un número limitado de renovaciones.
Los grupos defensores de Derechos Humanos australianos han criticado ambos planes, al tiempo que la ONU ha descrito el plan de los laboristas de "problemático".