"Los países occidentales han regateado con el Gobierno para que permita el regreso de las trece organizaciones que expulsó Jartum, a cambio de la suspensión de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI)", dijo Al Bachir en Darfur, en su primer viaje a la zona después de que este tribunal pidiera su detención.
El presidente sudanés apuntó ante una multitud de seguidores en Al Fasher, capital de la provincia de Darfur del Norte, que su país rechaza esta propuesta, y pidió "la anulación y no la suspensión" de la decisión de la CPI.
Ese tribunal, con sede en La Haya, emitió el miércoles pasado una orden de detención contra Al Bachir por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur, en el oeste de Sudán.
Poco después, el Gobierno sudanés rechazó esa orden y expulsó a trece organizaciones de asistencia extranjeras que trabajaban en la región.
Al Bachir acusó, además, a esos grupos de operar como "espías" y de no cumplir los acuerdos firmados con el Gobierno, ya que, según él, han funcionado como "instrumentos de países occidentales", que querían influir en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, previstas para este año.
Según el líder sudanés, en Darfur trabajan 118 organizaciones extranjeras que reciben 2.000 millones de dólares al año para el desarrollo de la región, de los cuales sólo gastan cien millones de dólares.
"A partir de ahora, no vamos a permitir que eso ocurra y estamos dispuestos a cubrir el vacío (económico), si se retiran todas las organizaciones (extranjeras)", agregó Al Bachir.