El objetivo del Ejecutivo comunitario es conseguir un equilibrio entre un alto nivel de seguridad y transparencia, y al mismo tiempo preservar la competitividad de las empresas europeas y el comercio "legítimo" de estos bienes.
En un comunicado, Bruselas ha apuntado que con el surgimiento, por ejemplo, de tecnologías de vigilancia como centros de control o sistemas de retención de datos, es "esencial" garantizar que la normativa europea permite a las autoridades comunitarias detener las exportaciones en el caso en el que estos productos puedan utilizarse en conflictos armados, para cometer actos terroristas o para la represión.
La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha destacado que "preservar la paz y proteger los derechos humanos son objetivos principales" de la UE y que la política comercial comunitaria es "esencial" para cumplirlos. "Esa es la razón por la que proponemos una serie de reglas modernas para asegurar que las exportaciones se utilizan para amenazar la seguridad internacional o dañar los derechos humanos", ha manifestado.
La Comisión Europea ha subrayado que la propuesta simplifica y armoniza las normas actuales de control de exportaciones para ahorrar tiempo y dinero a los exportadores comunitarios y a las autoridades nacionales. Asimismo, Bruselas ha defendido que estos controles "reflejan el compromiso de la UE a la paz y seguridad internacional".
En concreto, el Ejecutivo comunitario busca incrementar la eficiencia de estos controles simplificando su administración y optimizando los procesos de concesión de licencias. De la misma forma, quiere facilitar los controles de transferencias tecnológicas y garantizar un alto nivel de seguridad y transparencia para evitar el uso ilícito de productos exportados.
Por otro lado, pretende aumentar la coherencia mediante la eliminación de diferentes niveles de exámenes en la UE, por ejemplo, armonizando los controles de intermediación, la asistencia técnica y el tránsito de productos de doble uso.
Finalmente, Bruselas propone introducir disposiciones específicas para combatir el doble uso de productos y tecnologías que han sido exportadas para cometer actos terroristas.
Esta propuesta debe ser ahora discutida por los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, en el que están representados los veintiocho Estados miembros.
La regulación comunitaria actual permite la libre circulación de productos de doble uso dentro de la UE, aunque incluye algunas excepciones. Así, la normativa recoge una lista de estos bienes y tecnologías, entre los que se encuentran, por ejemplo, reactores nucleares, unidades de refrigeración criogénica, explosivos, sistemas y equipos de vigilancia y algunos productos químicos.