Una vez que entren en vigor los acuerdos de paz, sellados este lunes entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos, cualquier delito llevado a cabo por los guerrilleros ya será considerado un incumplimiento de los compromisos de paz, ha explicado Martínez, por lo que quien lo cometa será llevado ante la Fiscalía.
"El patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado", ha señalado el fiscal general, quien ha recordado que "cualquier acto que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de lavado de activos".
Martínez ha puntualizado que no sólo se refiere a los bienes de la guerrilla --o testaferros de la misma--, sino también a cualquier actividad, como el reclutamiento de menores o las extorsiones, tendrán una fecha límite de vencimiento el 3 de octubre, día que se conocerá el resultado de la consulta popular en la que los colombianos decidirán el futuro del acuerdo.